En
el 2018 los colombianos elegiremos un nuevo Presidente. Ya muchos hemos
empezado a preguntarnos: ¿Cuál es la persona más indicada para liderar al país
en este momento de su historia? Por el número de pre candidatos, parece haber opciones
para todos los gustos.
Son
muchos los retos que debe enfrentar el próximo gobernante de Colombia: bajo
crecimiento económico, polarización política, altos niveles de desigualdad y
pobreza, bajos niveles de competitividad industrial, atrasos en infraestructura
básica, corrupción pública y privada, bajos niveles educativos[1],
alto déficit del sistema de salud [2],
altas tasas de impuestos, poco espacio fiscal, aumento de áreas cultivadas de
coca, incremento del narcotráfico, consolidación de la paz con las FARC, entre
otros. Ante tantos desafíos simultáneos, es lógico que existan distintas
opiniones sobre cuál debe ser la prioridad del próximo gobierno. Cada uno de
nosotros apoyará aquella o aquel candidata(o) que a juicio personal mejor diagnostique
la problemática del país y prometa las mejores soluciones.
En
mi opinión, el problema central de Colombia es la desigualdad de ingresos de
sus habitantes. Con un coeficiente GINI de 0.535, Colombia se ubica como el
décimo país más desigual del mundo, entre 149 países[3].
En Colombia el ingreso del 20% de los hogares más
ricos es 25 veces mayor al ingreso del quintil más pobre. En China esta
diferencia es de 8 veces, en Tailandia 15, en Qatar 13. La desigualdad es el peor síntoma de una sociedad enferma y la madre de los
demás problemas.
Los
países más desiguales suelen tener períodos más cortos y tasas más bajas de
crecimiento económico. Estudios del FMI[4]
encontraron que el crecimiento económico se daba en mayor grado en países con
distribuciones de ingreso menos desiguales. Por supuesto, el FMI reconoce que la
calidad de las instituciones y el nivel de intercambio comercial también tienen
un efecto importante sobre el crecimiento económico. Sin embargo, los expertos
han sido claros al señalar que el impacto de la desigualdad en el crecimiento
de los países es mayor de lo que pudiéramos sospechar.
La
evidencia también sugiere que altos índices de desigualdad reducen la
elasticidad de la reducción de pobreza del crecimiento. En otras palabras, a
mayor desigualdad, menor el efecto del crecimiento en reducción de pobreza. Debemos
aplicar políticas que por su efecto re distributivo tengan el doble beneficio
de reducir pobreza y favorecer el crecimiento económico.
La desigualdad destruye
cohesión social, crea tensiones entre clases y perpetúa la disparidad de
oportunidades en la población. ¿Cómo podemos justificar que un niño de un hogar
de altos ingresos tenga acceso a una mejor educación niño de un hogar pobre? Desde
el punto de vista moral, la desigualdad es un fenómeno inaceptable.
Estudios
recientes sugieren una fuerte relación entre desigualdad y violencia. En
aquellos lugares donde más familias han quedado rezagadas o excluidas, y/o
donde los ricos se han apartado más del promedio de ingresos, se presentan más
homicidios, atracos, violaciones, y otros crímenes. [5]
La intimidación, el maltrato, el abuso,
el matoneo, la discapacidad, la vida precaria y la ausencia de ingresos,
despiertan sentimientos de humillación y vergüenza. En muchos casos el capital
social y la confianza generada entre pobladores se convierte en un buen
antídoto para la violencia. Sin embargo, este tejido tan importante se lastima
cuando las brechas sociales y económicas son grandes.
Por esto, las acciones del
próximo gobierno para frenar corrupción, mejorar la calidad los sistemas de educativo
y salud, combatir el narcotráfico, ajustar régimen tributario, atraer mayor inversión,
construir una verdadera política industrial, reducir el atraso de
infraestructura básica, etc., deben estar enmarcadas dentro del máximo objetivo
de reducir las inmensas brechas sociales y económicas.
Los valores democráticos y
liberales son muy difíciles de salvaguardar en sociedades con tanta
desigualdad. Es decir, de no empezar a corregirse el flagelo, lo que está en
riesgo son nuestras libertades políticas, económicas y civiles. Nada menos. Por
eso, en las próximas elecciones votaré por aquel candidato o candidata que en
su plan de gobierno priorice soluciones concretas para combatir esta penosa
realidad.
[1] Atraso frente a los mejores países en cobertura,
calidad, número de profesores (y salario), cierre de brechas, accesibilidad a
educación superior, garantías a la alimentación escolar, innovación,
tecnología.
[2] Déficit presupuestal del sector salud 2017 = $5,5
billones, deuda de hospitales y clínicas supera $7 billones.
[5] R. Wilkinson, K Prickett, The Spirit Level. New York: Bloomsbury Press, 2010.
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