jueves, 23 de junio de 2011

Unidos: La Ruta a la Senda de la Prosperidad

Cada día crece la evidencia alrededor de las limitaciones del crecimiento económico para reducir la pobreza. Su impacto no sólo es indirecto, sino también limitado en las sociedades con grandes brechas en oportunidades, capacidades e ingresos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para todos, reconoce que la superación de la pobreza requiere de intervenciones indirectas (vía crecimiento) y directas (vía promoción social).

Además del engranaje de las cinco locomotoras, la hoja de ruta de la administración Santos plantea acciones concretas para asegurar igualdad de oportunidades para todos los colombianos.

La vara en términos de indicadores sociales es particularmente alta, no sólo por sus ambiciosas metas en los indicadores de pobreza y desigualdad medidos por ingresos, sino porque por primera vez incluyó en el tablero de control un índice que mide las diferentes dimensiones que abarca la pobreza.

Se trata del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado en la Universidad de Oxford, que permite medir la naturaleza de 15 privaciones humanas básicas (en variables como educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos), y la intensidad de las mismas.

De acuerdo con esta medida, se considera que una familia está en condición de pobreza cuando tiene privaciones de al menos 5 de las variables seleccionadas (33% de las privaciones), y con 7 o más privaciones se considera pobre extrema.

La adopción de esta medida es particularmente novedosa porque reconoce que la pobreza va más allá de la variable de ingresos. Los indicadores tradicionales de pobreza, particularmente aquellos que utiliza el Banco Mundial, se limitan a este aspecto, el cual facilita los análisis comparativos entre países.

A pesar de su utilidad, estos índices no dicen nada en términos de otros aspectos críticos para la calidad de vida de las personas, como el de acumulación capital humano, acceso a agua y/o las condiciones de vivienda.

Como ha señalado el profesor Angus Deaton, de la Universidad de Princeton, una persona puede ser pobre a pesar de tener ingresos; estos, a su vez, pueden estar sesgados por las transferencias monetarias y otros subsidios, por lo tanto, no reflejan la verdadera capacidad de autodeterminación de las personas. Si bien el camino más fácil hubiera sido limitarse a las mediciones de ingresos, el Gobierno decidió apostarle a medidas más robustas y fidedignas.

El cuarto indicador del denominado tablero de control del Plan Nacional de Desarrollo es la promoción de 350.000 familias de la estrategia Unidos, la red de superación de pobreza extrema.

Esta es la bandera social del plan de Gobierno y el principal instrumento de justicia social del mismo. Unidos busca que las familias más pobres implementen un plan familiar para superar su condición de exclusión y vulnerabilidad.

Este consiste en alcanzar una serie de logros, o hitos, que se consideran necesarios para que las personas puedan vincularse efectivamente al sistema de protección social.

Durante la implementación del plan familiar cuentan con el acompañamiento de trabajadores sociales, quienes les proveen información sobre la oferta social, los requisitos para accederla, y en muchos casos aseguran que haya acceso preferencial para estas familias.

¿Qué significa promocionar a las familias?, ¿cuándo están verdaderamente listas para egresar el acompañamiento?, ¿debemos esperar a que cumplan los 45 logros o sólo con el alcance de algunos se podrían considerar lista?

Estos son los interrogantes que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los coordinadores de la Red Unidos han estado resolviendo durante los últimos meses.

Después de un riguroso análisis liderado por la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida del DNP, se identificaron 2 pasos. Primero, las familias deben haber cumplido los 5 logros que identificaron como prioritarios –esto con el fin de reconocer los esfuerzos de corresponsabilidad–.

Segundo, se mide: a) si la familia alcanza el nivel de ingresos de la línea de indigencia, es decir, su capacidad para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (cuyo costo promedio nacional es de alrededor de $ 83.000 por persona al mes), y b) si deja de ser pobre extremo multidimensionalmente (es decir, si tiene 7 o menos privaciones del IPM).

Es la primera vez que Colombia adopta protocolos de egreso como lo recomiendan todos los expertos de desarrollo social.

Su adopción no es trivial. No sólo por las implicaciones operativas, sino por razones de incentivos y factores culturales. Hablar de salida inevitablemente puede asociarse con des-protección. Las familias en muchos casos prefieren la certidumbre de los subsidios a tener que depender de su propia generación de ingresos.

En teoría, las iniciativas de promoción social apuntan a asistir a quienes no pueden tener una inserción exitosa en el sistema de protección social. La estrategia Unidos está diseñada precisamente para las familias que no tienen las capacidades para generar sus propios ingresos o ser contratados por el sector formal, mediante el cual accederían a la seguridad social.

La transición entre la promoción social y la protección social no es automática, sobre todo cuando hay años de rezagos. Dar el paso depende principalmente del nivel de empleabilidad de las personas o de su capacidad de producir. Esta, a su vez, depende de capacidades que no se adquieren de la noche a la mañana –menos si las personas no están alfabetizadas–.

El reto de sacar de la pobreza extrema a cerca de 2,8 millones de colombianos es enorme, y requerirá tanto del impulso de las locomotoras para lograr crecimiento económico sostenible, como de la intervención directa del Estado y la optimización de la inversión social.

De particular importancia resulta incentivar la inversión social privada, los negocios inclusivos y la responsabilidad social empresarial. Para ello es indispensable una impecable focalización, la eliminación de los desincentivos a la formalización, y la autodeterminación.

El sistema de protección social debe ser sólido e incluyente para que deje de ser atractiva la opción de depender indefinidamente del Estado.

El reto de sacar de la pobreza extrema a cerca de 2,8 millones de colombianos es enorme, y requerirá tanto del impulso de las locomotoras para lograr crecimiento económico sostenible, como de la intervención directa del Estado y la optimización de la inversión social.

Samuel Azout

Alto Consejero Presidencial para la Prosperidad Social

domingo, 3 de abril de 2011

Plan Nacional de Prosperidad Social - Unidos

Gobierno crea la Red Unidos: Superar la pobreza extrema llave de la prosperidad para todos

Colombia es un país rico por sus recursos naturales, por su biodiversidad, por la inteligencia de su gente, por su pluralidad cultural, y por su tradición democrática. Sin embargo, es también una de los países del mundo con mayores desigualdades sociales. Millones de familias en Colombia no acceden a los frutos del progreso. A pesar de los grandes avances en materia de crecimiento económico durante los últimos 50 años, y de las diferentes políticas sociales implementadas, todavía no es posible afirmar que los resultados del crecimiento beneficien a las grandes mayorías. Si bien las estadísticas indican que ha habido avances, aún no hay señales de una disminución significativa de exclusión social.

La meta número 1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Concretamente, apunta a: i) reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre, ii) reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario, y iii) conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.

En Colombia el indicador de población por debajo de pobreza medido por ingreso autónomo (antes de subsidios) es 45.5%, y de pobreza extrema 16.4%. En los últimos años hemos visto baja elasticidad de la pobreza frente al crecimiento, particularmente pobreza extrema. Colombia duplica el índice promedio de América Latina de indigencia. Países con un PIB per cápita inferior a Colombia, como El Salvador, Guatemala, Ecuador y Bolivia, registran menores tasas de pobreza. La expectativa de reducir la pobreza extrema 0.5 puntos porcentuales –pp.- por año no se está cumpliendo. La tasa de disminución ha sido tres veces más lenta, y a ritmo de las últimas dos décadas, la meta de reducir la tasa de pobreza extrema a una tasa de 8.8% no se alcanzaría sino hasta el año 2043.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Colombia según el informe de Naciones Unidas del 2010, que mide esperanza de vida al nacer, alfabetización de adultos, educación primaria, secundaria y superior, y nivel de vida digno, es el más bajo de todos los países latinoamericanos de llamado Desarrollo Humano Alto. Colombia registra un IDH por debajo de Chile, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, Perú, Brasil y Ecuador.

¿Qué se requiere para cambiar esta realidad?

Existen muchas teorías sobre desarrollo social pero no existe una fórmula mágica. Cada sociedad debe encontrar su propio camino.

Los países, especialmente aquellos que tienen alta proporción de población pobre, requieren diseñar e implementar una estrategia de promoción social. Es decir, necesitan adoptar un conjunto de intervenciones dirigidas a impulsar a las personas que carecen de los medios y oportunidades para mejorar situaciones de privación y/o vulnerabilidad. En sociedades con grandes desigualdades sociales como la colombiana, se hace necesario introducir políticas re distributivas y combatir aquellos mecanismos estructurales, económicos, sociales, políticos, que perpetúan las injusticias sociales.

La desigualdad no es sinónimo de pobreza. Es decir, combatir la primera no equivale necesariamente a reducir la segunda. Sin embargo, reducir la desigualdad debe recibir prelación en la agenda social de un país por varias razones:

· La desigualdad disminuye fuertemente la capacidad de crecimiento económico.

· Si se reduce la desigualdad estructural, se requeriría menor crecimiento económico para reducir la pobreza.

· Dado que la desigualdad económica conduce a desigualdad política, al reducirla se evita que las instituciones públicas sean capturadas por grupos que concentran el poder político y económico.

· Reducir las desigualdades disminuye directamente la posibilidad de conflictos sociales que ponen en riesgo las instituciones democráticas.

· Combatir la desigualdad es un acuerdo social – no sólo un imperativo ético.

Retos de la movilidad social en Colombia

En Colombia se invierten grandes recursos, tanto del gobierno nacional como de los entes territoriales, en salud, educación, vivienda, generación de ingresos y subsidios condicionados para atender a los segmentos más pobres. El sector privado, por su parte, hace inversiones a través de fundaciones privadas y en forma directa. Existen ONGs que trabajan en las comunidades más pobres y cumplen una función importante en llenar algunos vacíos que deja la institucionalidad. Estas inversiones, desafortunadamente, no han tenido el impacto esperado ya que en su mayoría han dejado de:

· Aproximarse a la pobreza con una perspectiva multidimensional

· Promover el empoderamiento de los pobres y considerar las diferencias poblacionales

· Procurar por un equilibrio entre cobertura y calidad, y entre el corto y largo plazo

· Adelantar consultas comunitarias

· Garantizar una adecuada coordinación interinstitucional

· Tener orientación hacia resultados

· Ser rigurosos en la ejecución de los proyectos, y en las funciones de monitoreo y evaluación

Para la sociedad en general, pero para los gobiernos en particular, hay un reto de cambio de mentalidad, al pasar de la asistencia al empoderamiento, de la inercia a la innovación, de cobertura a cobertura con calidad, de administrar a emprender, de remar a timonear, y del diagnóstico a la acción.

La ruta directa: Red Juntos

El economista indio Jagdish Bhagwati nos enseña que para superar la pobreza hay fundamentalmente, dos rutas de política: a) la ruta indirecta, es decir, la utilización de recursos para acelerar el crecimiento y consecuentemente impactar los ingresos y las condiciones de vida de los pobres, y b) la ruta directa, es decir, la provisión de servicios básicos como educación, salud, vivienda y transferencias para elevar los niveles de vida de los pobres.

En Colombia la ruta indirecta ha sido definida a través de las llamadas “locomotoras” para la creación de empleo: vivienda, minería, infraestructura, agro e innovación. Se estima que estas locomotoras generarán dos millones y medio de empleos y reducirán los niveles de pobreza medidos por ingreso autónomo de 45.5% a 38%. Estas locomotoras podrán aumentar el empleo y reducir los índices de pobreza, pero probablemente tendrán menor impacto sobre desigualdad. La razón de esto es que los más pobres de los pobres, aquellos en la base de la pirámide de ingresos, por lo general no disponen de las condiciones y competencias para acceder a estos empleos.

Por esta razón y dadas las grandes desigualdades que existen en Colombia, se requiere implementar, deliberadamente, la ruta directa a la reducción pobreza extrema. Para esto se creó la Red Juntos, hace ya más de 3 años, cuyo propósito es ofrecer atención prioritaria y coordinada a la población en pobreza extrema. La Red Juntos coordina acciones de 17 entidades del orden central para llevar una oferta integral de servicios sociales a las familias más pobres del país. En pocas palabras, articula oferta y demanda.

La Red Juntos es una herramienta con extraordinario potencial porque es la única que llega en forma individual a las familias en la base de la pirámide a través de una red de 8,900 enlaces familiares llamados cogestores sociales. Gracias a la Red Juntos y su sistema de información Info-Juntos, los más pobres de Colombia ya no son sólo un porcentaje: son familias con nombres y apellidos. A cada uno de las familias Juntos (más de un millón 300 mil) se les hace un acompañamiento individual para ayudarles a alcanzar los logros que les permitan escapar su condición de miseria.

La Red Juntos aún no ha logrado la efectividad deseada, principalmente porque no se han podido superar las barreras de acceso a la oferta necesaria para el alcance de los logros. En unos casos los problemas son el desconocimiento de los cogestores de la oferta, en otros, la oferta no es pertinente, y en otros, el problema es la falta de oferta misma. Existen problemas de focalización, falta de capacidad local y/o o simplemente falta de recursos.

La Red Juntos también ha tenido dificultades identificando las condiciones bajo las cuales las familias podrían prescindir del acompañamiento. El desafío es identificar los logros que más impactan los indicadores de pobreza. Es claro que la generación de ingresos y una vivienda saludable son elementos catalizadores. Hay situaciones de economía política por abordar; los gobiernos locales no están obligados a proveer los servicios necesarios ni se les obliga a cumplir con altos estándares de calidad en sectores claves. En este sentido el rol del gobierno nacional tiene limitaciones.

Por las razones anteriormente expuestas, la Alta Consejería para la Prosperidad Social (ACPS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Protección Social, y Acción Social han decidido fortalecer y darle un gran impulso a la Red Juntos y convertirla en la gran herramienta del Plan Nacional de Prosperidad Social (PNPS). Una Red Juntos fortalecida y ampliada representa la mejor posibilidad que tiene el país de lograr reducir significativamente la pobreza extrema en los próximos diez años y acercarse a cumplir la meta # 1 de los ODM.

Una propuesta renovada: Unidos

Durante casi 4 años de implementación, la Red Juntos ha asumido una posición de autocrítica que ha permitido a investigadores y organismos multilaterales trabajar en conjunto para identificar restricciones de acceso y otros problemas que impiden su efectividad. El Plan Nacional de Prosperidad (PNPS) que lanzará el Presidente hoy en Quibdó, busca implementar todas estas lecciones y beneficiarse de exitosas tendencias y experiencias internacionales, como es el caso de la filantropía estratégica, de la innovación social y de los negocios inclusivos. El PNPS recoge los insumos de las 20 entidades que la integran, y de valiosos aportes por parte de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, organizaciones privadas, gremios, organizaciones sociales y líderes comunitarios. El Plan promueve principios claves como la orientación hacia resultados, la corresponsabilidad y el trabajo en equipo.

Unidos consiste de seis estrategias:

1. La primera estrategia apunta a asegurar que la Coordinación Nacional de la Red, en Acción Social, que se encarga de los cogestores, tenga una operación eficiente y eficaz. Se modernizarán los equipos que capturan la información, el sistema de información InfoUnidos será más asequible, convirtiéndose en una gran herramienta de toma de decisiones; se harán más eficientes los procesos de contratación y convenios, y se asegurará que los co-gestores estén cada vez más motivados a hacer su trabajo.

2. La segunda estrategia es la de asegurar la oferta pública pertinente para todas las familias Unidos. Para ello, se revisarán cada uno de los programas sociales para ver si cumplen con los objetivos sociales y revisar si están cubriendo a las familias Unidos elegibles; en los casos que haya problemas de focalización, se corregirán.

3. La tercera estrategia consiste en aumentar y optimizar el rol de los actores privados y sociales. Abordar las fallas del mercado no es solamente una función del Estado. Un pilar muy importante de Unidos es promover la inversión social de las empresas privadas, de organizaciones sociales con o sin ánimos de lucro, de los emprendedores sociales, de las Cajas de Compensación, de ONGs y de trabajadores comunitarios. Se apunta a generar el clima de negocios necesario para incentivar a las empresas a que incluyan a los más pobres en sus cadenas productivas. Un sector privado responsable es el que se compromete a la mejor inversión de todas, a la inversión en crear un país más justo.

4. La cuarta estrategia consiste en fortalecer las alianzas con los territorios. Estos tienen la gran tarea de aterrizar todos los programas y ajustarlos a sus contextos. Esperamos que Unidos se convierta en la hoja de ruta para la superación de la pobreza extrema de todos los municipios. Este rol requiere del empoderamiento de las comunidades, de las familias y de los beneficiarios. Requiere también de enfrentar las trampas de desarrollo local –geográficas, institucionales, fiscales, ambientales, etc.

5. La quinta estrategia de Unidos es promover la innovación social y la participación ciudadana. Para tener mejores resultados, debemos pensar y trabajar de manera diferente, con pragmatismo y con entusiasmo; debemos entender que el desarrollo social y económico se construye también desde la base, trabajando con la población, con líderes comunitarios y con emprendedores sociales. Colciencias y las universidades entrarán a ser parte de la Red para promover investigación socialmente aplicada; trabajaremos con ONGs y la sociedad civil organizada con el fin de identificar ideas novedosas dentro de las comunidades, para desarrollarlas y escalarlas.

6. La sexta y última estrategia es asegurar la corresponsabilidad de las familias y asegurar sus siguientes pasos. La meta es que cada día más familias superen su condición y no requieran del acompañamiento. Ése es el objetivo, que salgan de la Red Unidos porque ya no lo requieren.

La meta de Unidos es lograr que 350.000 familias superen la pobreza extrema entre el 2001 – 2014.

Diez de las empresas más importantes del país están acompañando al gobierno nacional en este esfuerzo. Son las llamadas empresas pioneras de la innovación social: Alpina, Davivienda, Almacenes Éxito, Coca Cola, Cerrejón, Exxon Mobil, Ecopetrol, SabMiller, UNE Telecomunicaciones y USAID. Con el apoyo de estas empresas se está creando el primer Fondo de Innovación Social en Colombia, el cual entregará inicialmente 500 millones en capital semilla para impulsar las mejores ideas dirigidas superar problemáticas sociales.

El reto de nuestra generación

Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años en términos de desarrollo es que las políticas redistributivas son necesarias para que se logre verdadera reducción de pobreza en épocas de expansión económica. Los países que han reducido los niveles de pobreza en períodos de tiempo relativamente cortos han implementado estrategias estatales que combinan objetivos de desarrollo económico con políticas sociales activas. Sin reducción de inequidad vía intervención activa directa, el nivel de crecimiento económico tendría que ser muy grande para reducir niveles de pobreza extrema. Las transferencias y subsidios, sin embargo, no deben ser universales ni permanentes. Deben ser dirigidas a las poblaciones que más lo necesiten y condicionadas en casos específicos para incentivar conductas responsables. Las ayudas del Estado no deben incentivar la informalidad.

Por demasiado tiempo hemos medido nuestros esfuerzos por el monto de dinero gastado, el número de personas atendidas y la cantidad de alimentos y medicinas que distribuimos. Debemos trascender este tipo de debate y abrazar aquellos sobre resultados intermedios e impacto. El impacto se ve en el real mejoramiento de las condiciones de vida de las personas más vulnerable., en el fortalecimiento de sus capacidades, y en el bienestar de la sociedad en su conjunto. No se trata solamente de invertir más, se requiere invertir mejor.

Unidos como uno podemos lograr la prosperidad para todos. Es el gran reto de nuestra generación.



[1] Alto Consejero Presidencial para la Prosperidad Social