domingo, 24 de julio de 2016

El Plebiscito por la Paz


            Estoy de acuerdo con las negociaciones de paz con las FARC. Las razones son sencillas: los conflictos, además de causar gran dolor humano, son un obstáculo para el desarrollo. Dicho de otra manera, la paz es condición necesaria para el desarrollo de los países, por lo cual debemos buscarla decididamente. Siempre.

            Está claro que el Acuerdo con las FARC debe asegurar reparación integral a las víctimas, no repetición, entrega de armas, restitución de derechos y de tierras, y fin de hostilidades y de actividades de narco tráfico de las FARC, entre otras. También es claro que habrá un sistema de justicia transicional para aplicar las penas. Somos conscientes que estas serán reducidas, lo cual es aceptable mientras estén cobijadas dentro del marco del derecho internacional.

            En el plebiscito los Colombianos vamos a decidir si nos gusta o no el Acuerdo. Tenemos que estudiarlo bien porque sería terrible votar NO a un buen Acuerdo, o votar SI a un mal Acuerdo. El Gobierno está dando a conocerlo para que nosotros, los ciudadanos, tomemos la mejor decisión de acuerdo con nuestra conciencia. Irrespectivo a la válida discusión sobe el umbral, el plebiscito es la democracia en acción.

            Al empezar a desmenuzar el Acuerdo, se nos pueden ocurrir algunas preguntas. Por ejemplo, en el caso de drogas ilícitas[1], el Acuerdo con las FARC reza lo siguiente en relación a las obligaciones del Estado Colombiano: “El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.”

            En cuanto a las obligaciones de las FARC el acuerdo dice textualmente: “El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión y en razón del conflicto se hubiese presentado con este fenómeno.

            Finalmente, el Acuerdo dice: “El Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su firme compromiso a la solución definitiva de las drogas ilícitas.” (En este enlace el acuerdo sobre drogas ilícitas: http://pazfarc-ep.org/comunicados/drogas-ilicitas.html )

            A simple vista todo esto está muy bien. Pero, para que las FARC reciban todo el tratamiento especial en materia de justicia y participación política que se les está ofreciendo, un ciudadano cualquiera podría preguntarse lo siguiente: a) cuántos laboratorios de coca tienen las FARC en su poder? b) cuánta tierra cultivada de coca tienen bajo control? c) cuánta cocaína están produciendo? d) cuál es el cronograma de desmonte de laboratorios? e) cuál es el cronograma de erradicación de todos los cultivos que controlan, f) cuanto dinero tienen en su poder que provienen del narcotráfico? g) cuándo van a entregar el dinero? h) quién va a verificar todo esto? i) con qué informes? j) con qué frecuencia? k) cuáles son las consecuencias de incumplimiento? Todas estas preguntas también pueden hacerse sobre los compromisos del Gobierno en cuanto a sustitución de cultivos, trabajo de prevención de consumo, y fortalecimiento policivo y de justicia.

             Lo que hasta el momento no hemos visto en el Acuerdo y sería deseable tener antes de votar el plebiscito son compromisos concretos verificables. Lo que se ha entregado no incluye números, ni resultados específicos. Como en el caso de drogas ilícitas, los compromisos en los diferentes temas son de intención y de política. Es decir, no habría manera objetiva de hacerle seguimiento específico a su cumplimiento.

            Las autoridades han dicho que las respuestas vendrán cuando comience la implementación de los acuerdos. Obviamente, esto será después del plebiscito. En el plebiscito votaremos unos compromisos generales, posiblemente bien intencionados, pero etéreos, un poco vagos, si se quiere. Se corre el riesgo que esta falta de especificidad se convierta en motivo de intranquilidad para algunos electores.



[1] El acuerdo con las FARC sobre sobre drogas ilícitas puede verse en video de dos minutos en el siguiente enlace: https://amp.twimg.com/v/2c6ba616-b458-4044-987e-2d43138b98bd El video se refiere a tres columnas: la primera, reducir los cultivos ilícitos y formalización de campesinos: las segunda, reducir el consumo desde la óptica de salud pública y, la tercerea, fortalecer la persecución de los narco traficantes para encarcelarlos y incautar sus activos. El texto completo del Acuerdo sobre el punto de drogas ilícitas también puede leerse en el siguiente enlace: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184881

jueves, 7 de julio de 2016

Indice de Progreso Social


                                                                                    “Para qué es el crecimiento si no es para
                                                                                                                        que la gente del común pueda prosperar?”
                                                                                                                  Winnie Byanyima (Oxfam)
           
            En 1955 el economista Simón Kuznets argumentaba que parte significativa del crecimiento económico se convertía en más y mejores puestos de trabajo para la gente, lo cual automáticamente mejoraría la distribución de ingresos entre la población. Kuznets estaba equivocado. Hoy sabemos que el crecimiento económico no necesariamente viene acompañado de reducción de pobreza y/o desigualdad. Es más, ya nadie discute que las soluciones a los problemas sociales y ambientales dependen mucho más de la colaboración entre líderes políticos, empresariales e innovadores sociales que del crecimiento de la economía.
            El Premio Nóbel de Economía, Angus Deaton, en su libro The Great Escape señala que el progreso económico ha permitido que millones de personas escapen la pobreza en los últimos 50 años, pero reconoce que demasiada gente ha quedado atrás. La evidencia señala que la globalización y la expansión económica no ha ayudado a reducir la desigualdad de ingresos, antes por el contrario, esta última ha aumentado en la mayoría de los países.
            La desigualdad importa, e importa mucho. Mayor desigualdad significa menos oportunidades de educación y empleo. Mayor desigualdad significa menos participación política porque aquellos con menores ingresos suelen estar inequitativamente representados. Mayor desigualdad significa ciclos más cortos y tasas menores de crecimiento económico. Mayor desigualdad significa menos cohesión social. La desigualdad atenta contra nuestros valores democráticos fundamentales.
            El indicador económico preferido de muchos gobiernos y empresarios es el crecimiento del PIB – Producto Interno Bruto. Viene la pregunta: si el crecimiento económico no reduce desigualdad de manera automática, para qué darle tanta importancia al aumento del PIB? Los economistas más progresistas  han insistido la necesidad de introducir un indicador simple que capture las mejoras en bienestar social, sin considerar variables económicas. 
            Finalmente, ya existe una nueva medición que toma en cuenta el progreso, no la riqueza. Este indicador se llama Índice de Progreso Social (IPS) y captura tres dimensiones del desarrollo: necesidades básicas, bienestar, y oportunidad. En necesidades básicas el indicador mide nutrición, atención médica, saneamiento básico, habitabilidad y seguridad personal. En bienestar mide acceso al conocimiento, acceso a información y comunicación, salud y calidad del medio ambiente. En oportunidad el indicador mide derechos personales, libertad para elegir, tolerancia e inclusión, y acceso a educación superior. En total son 12 componentes. Lo importante es que el IPS mide verdaderos resultados, no esfuerzos. Es decir, mide las verdaderas condiciones y realidades de la gente, no el dinero invertido o el número de personas atendidas en determinados programas.
            Colombia obtuvo un puntaje de 70.84 en IPS, ocupando el puesto # 48 entre 133 países. Los resultados más bajos fueron en acceso a educación superior, seguridad personal y calidad del medio ambiente. Colombia estuvo mejor que Guatemala (61.68), Venezuela (62.60), Nicaragua (63.03), Bolivia (64.73), El Salvador (63.36),  Paraguay (67.44), México (70.02), Perú (70.09), pero inferior a Brasil (71.70), Panamá (73.02), Argentina (75.20), Uruguay (80.12), Costa Rica (80.12) y Chile (82.12). La idea es que Colombia se pueda acercar a países como Argentina o Costa Rica que tienen brechas de bienestar mucho menores, entendiendo que estos países tienen PIB per cápita (ajustado PPP) no tan alejados del Colombiano.
            Lo interesante de este indicador es que algunos países pueden experimentar niveles similares de Progreso Social y muy diferentes PIB per cápita. Esto ocurre porque algunos aspectos del progreso social mejoran poco con mayor riqueza. E inclusive, si se afectan los eco sistemas, una mayor riqueza puede destruir bienestar. Nueva Zelandia (87.08), por ejemplo, logra un Progreso Social casi tan alto como el de Noruega (88.36), con la mitad de su PIB per cápita (USD 32,808 vs. USD 62,448).[1]  
            El índice de Progreso Social está cambiando la forma como enfrentamos los problemas más apremiantes de la humanidad. Es el indicador que debemos adoptar para construir un mundo más justo y sostenible. En sociedades avanzadas y también en aquellas menos desarrolladas el IPS está re definiendo prioridades. Por fin, las necesidades de la gente, no la acumulación de riqueza, toman máxima prioridad en la agenda de desarrollo.


[1] Fuente: Social Progress Index / Resumen Ejecutivo / Deloitte