jueves, 23 de junio de 2011

Unidos: La Ruta a la Senda de la Prosperidad

Cada día crece la evidencia alrededor de las limitaciones del crecimiento económico para reducir la pobreza. Su impacto no sólo es indirecto, sino también limitado en las sociedades con grandes brechas en oportunidades, capacidades e ingresos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para todos, reconoce que la superación de la pobreza requiere de intervenciones indirectas (vía crecimiento) y directas (vía promoción social).

Además del engranaje de las cinco locomotoras, la hoja de ruta de la administración Santos plantea acciones concretas para asegurar igualdad de oportunidades para todos los colombianos.

La vara en términos de indicadores sociales es particularmente alta, no sólo por sus ambiciosas metas en los indicadores de pobreza y desigualdad medidos por ingresos, sino porque por primera vez incluyó en el tablero de control un índice que mide las diferentes dimensiones que abarca la pobreza.

Se trata del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado en la Universidad de Oxford, que permite medir la naturaleza de 15 privaciones humanas básicas (en variables como educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos), y la intensidad de las mismas.

De acuerdo con esta medida, se considera que una familia está en condición de pobreza cuando tiene privaciones de al menos 5 de las variables seleccionadas (33% de las privaciones), y con 7 o más privaciones se considera pobre extrema.

La adopción de esta medida es particularmente novedosa porque reconoce que la pobreza va más allá de la variable de ingresos. Los indicadores tradicionales de pobreza, particularmente aquellos que utiliza el Banco Mundial, se limitan a este aspecto, el cual facilita los análisis comparativos entre países.

A pesar de su utilidad, estos índices no dicen nada en términos de otros aspectos críticos para la calidad de vida de las personas, como el de acumulación capital humano, acceso a agua y/o las condiciones de vivienda.

Como ha señalado el profesor Angus Deaton, de la Universidad de Princeton, una persona puede ser pobre a pesar de tener ingresos; estos, a su vez, pueden estar sesgados por las transferencias monetarias y otros subsidios, por lo tanto, no reflejan la verdadera capacidad de autodeterminación de las personas. Si bien el camino más fácil hubiera sido limitarse a las mediciones de ingresos, el Gobierno decidió apostarle a medidas más robustas y fidedignas.

El cuarto indicador del denominado tablero de control del Plan Nacional de Desarrollo es la promoción de 350.000 familias de la estrategia Unidos, la red de superación de pobreza extrema.

Esta es la bandera social del plan de Gobierno y el principal instrumento de justicia social del mismo. Unidos busca que las familias más pobres implementen un plan familiar para superar su condición de exclusión y vulnerabilidad.

Este consiste en alcanzar una serie de logros, o hitos, que se consideran necesarios para que las personas puedan vincularse efectivamente al sistema de protección social.

Durante la implementación del plan familiar cuentan con el acompañamiento de trabajadores sociales, quienes les proveen información sobre la oferta social, los requisitos para accederla, y en muchos casos aseguran que haya acceso preferencial para estas familias.

¿Qué significa promocionar a las familias?, ¿cuándo están verdaderamente listas para egresar el acompañamiento?, ¿debemos esperar a que cumplan los 45 logros o sólo con el alcance de algunos se podrían considerar lista?

Estos son los interrogantes que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los coordinadores de la Red Unidos han estado resolviendo durante los últimos meses.

Después de un riguroso análisis liderado por la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida del DNP, se identificaron 2 pasos. Primero, las familias deben haber cumplido los 5 logros que identificaron como prioritarios –esto con el fin de reconocer los esfuerzos de corresponsabilidad–.

Segundo, se mide: a) si la familia alcanza el nivel de ingresos de la línea de indigencia, es decir, su capacidad para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (cuyo costo promedio nacional es de alrededor de $ 83.000 por persona al mes), y b) si deja de ser pobre extremo multidimensionalmente (es decir, si tiene 7 o menos privaciones del IPM).

Es la primera vez que Colombia adopta protocolos de egreso como lo recomiendan todos los expertos de desarrollo social.

Su adopción no es trivial. No sólo por las implicaciones operativas, sino por razones de incentivos y factores culturales. Hablar de salida inevitablemente puede asociarse con des-protección. Las familias en muchos casos prefieren la certidumbre de los subsidios a tener que depender de su propia generación de ingresos.

En teoría, las iniciativas de promoción social apuntan a asistir a quienes no pueden tener una inserción exitosa en el sistema de protección social. La estrategia Unidos está diseñada precisamente para las familias que no tienen las capacidades para generar sus propios ingresos o ser contratados por el sector formal, mediante el cual accederían a la seguridad social.

La transición entre la promoción social y la protección social no es automática, sobre todo cuando hay años de rezagos. Dar el paso depende principalmente del nivel de empleabilidad de las personas o de su capacidad de producir. Esta, a su vez, depende de capacidades que no se adquieren de la noche a la mañana –menos si las personas no están alfabetizadas–.

El reto de sacar de la pobreza extrema a cerca de 2,8 millones de colombianos es enorme, y requerirá tanto del impulso de las locomotoras para lograr crecimiento económico sostenible, como de la intervención directa del Estado y la optimización de la inversión social.

De particular importancia resulta incentivar la inversión social privada, los negocios inclusivos y la responsabilidad social empresarial. Para ello es indispensable una impecable focalización, la eliminación de los desincentivos a la formalización, y la autodeterminación.

El sistema de protección social debe ser sólido e incluyente para que deje de ser atractiva la opción de depender indefinidamente del Estado.

El reto de sacar de la pobreza extrema a cerca de 2,8 millones de colombianos es enorme, y requerirá tanto del impulso de las locomotoras para lograr crecimiento económico sostenible, como de la intervención directa del Estado y la optimización de la inversión social.

Samuel Azout

Alto Consejero Presidencial para la Prosperidad Social